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Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PSOE+Sumar, ¿Aprobará el Gobierno, a lo largo de la próxima legislatura, incentivos o un procedimiento acelerado de licencias para entidades que salgan del espacio controlado de pruebas?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PSOE+Sumar. El pronóstico es condicional a ese escenario. Situación de partida. La Ley 7/2020, de 13 de noviembre, creó el espacio controlado de pruebas, coordinado por la Secretaría General del Tesoro con el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Según el Gobierno, desde 2021 ha recibido 117 proyectos en diez convocatorias y más de cuarenta se han probado en condiciones reales. Su artículo 18, "pasarela de acceso a la actividad", permite que las autoridades reduzcan los plazos de autorización cuando la experiencia de las pruebas facilite el análisis, pero no fija plazos ni incentivos. El 14 de julio de 2026 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de digitalización y modernización del sector financiero, publicado en el Congreso el 27 de julio. Sustituía las convocatorias semestrales por una ventanilla abierta todo el año, fijaba 30 días hábiles para la evaluación de los supervisores, admitía declaraciones responsables y simplificaba las garantías. El Gobierno anunció además una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar el acceso. El texto no incluía incentivos ni licencias aceleradas a la salida y caducó con la disolución de las Cortes. El margen nacional es limitado. Las licencias bancarias de los neobancos las concede el Banco Central Europeo (BCE) a propuesta del Banco de España, dentro del Mecanismo Único de Supervisión. Las entidades de pago y los proveedores de criptoactivos se autorizan con requisitos armonizados por la Unión Europea (UE). Debate y actores. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó la reforma en julio de 2026 con un balance positivo: "Hace cinco años pusimos en marcha una herramienta pionera y hoy sabemos que funciona". La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) respalda una tramitación más ágil, pide proporcionalidad, más personal en los supervisores y mayor armonización europea. El nuevo Gobierno tendrá que volver a presentar el proyecto, lo que abre la puerta a añadir medidas de salida en su tramitación. Frenan la medida las competencias del BCE sobre licencias bancarias, la prudencia de los supervisores y una agenda legislativa cargada al inicio de la legislatura.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 20.8%
  • No: 79.3%

Reasoning

La probabilidad de que un Gobierno liderado por PSOE+Sumar apruebe incentivos o una vía acelerada de licencias para entidades que salgan del sandbox es Sí: 20.8%; No: 79.3%. Hay motivos para esperar que continúe la reforma del espacio de pruebas, pero la señal más concreta es que el proyecto anterior facilitaba la entrada y las pruebas, no la salida hacia la actividad regulada.

Sí: una oportunidad para concretar la pasarela

El nuevo Gobierno tendría que volver a presentar el proyecto que caducó con la disolución de las Cortes. Ese trámite abre una oportunidad para añadir medidas que no figuraban en la propuesta anterior. Además, la Ley 7/2020 ya contempla una pasarela que permite reducir plazos cuando la experiencia del sandbox facilite el análisis de una autorización; el Gobierno también ha expresado una valoración positiva del instrumento [u3, u8]. La Comisión Europea ha propuesto sandboxes regulatorios en otros ámbitos, señal de que la experimentación bajo supervisión forma parte de una conversación más amplia sobre regulación e innovación [e6].

La formulación de la pregunta deja espacio para una medida limitada: no tendría que crear una vía rápida para toda clase de licencias. Un incentivo o un procedimiento más ágil en ámbitos nacionales, como algunos supervisados por la CNMV o la DGSFP, podría bastar para que la respuesta fuera sí. Pero esa posibilidad es una puerta abierta, no un compromiso documentado.

No: el precedente más cercano no incluyó medidas de salida

La evidencia más directa es el proyecto de julio de 2026. Proponía una ventanilla abierta todo el año, evaluaciones en 30 días hábiles, declaraciones responsables, garantías simplificadas y apoyo del ICO. Aun así, no incluía incentivos ni licencias aceleradas para entidades que terminaran las pruebas [a1, u3, u4]. La Ley 7/2020 tampoco fija esos incentivos ni plazos concretos: permite reducir plazos caso por caso, pero no establece un procedimiento acelerado [u3].

Tampoco consta una petición explícita de PSOE, Sumar o la asociación sectorial AEFI para incorporar medidas de salida. AEFI respalda trámites más ágiles, pero sus demandas conocidas se centran en proporcionalidad, más personal supervisor y armonización europea [u10, u13]. En un ámbito técnico y de baja visibilidad política, la ausencia de una propuesta concreta pesa más que el apoyo general a la innovación.

Los límites competenciales y políticos

El Gobierno no controla por sí solo las autorizaciones más relevantes: el BCE concede licencias bancarias a propuesta del Banco de España, mientras que las autorizaciones de entidades de pago y proveedores de criptoactivos operan bajo requisitos armonizados por la UE [u3, u4]. El BCE ha descrito un modelo de supervisión bancaria basado en riesgos y en una respuesta correctiva más rápida, no una relajación general de los requisitos de autorización [e5]. Esto no impide medidas acotadas, pero hace más difícil una política amplia de licencias aceleradas.

También hay fricción política. Junts ha dicho que no apoyará la investidura de Sánchez, y Sumar ya ha bloqueado una medida del Gobierno en el Congreso [e16, e8]. El texto anterior, pese a un largo trámite parlamentario en el que se aceptó o negoció más del 80% de las enmiendas pertinentes, no incorporó medidas de salida [e15]. La agenda legislativa también puede competir con otros asuntos: gran parte de las medidas de la hoja de ruta digital vence a finales de 2026 y el plan IA360 quedó paralizado hasta que hubiera un nuevo Gobierno [e10, e7].

Balance

El «sí» es posible porque la reforma tendrá que reabrirse y la legislación ya ofrece una base para concretar la pasarela. Pero la mejor evidencia disponible apunta a continuidad de las mejoras de acceso y funcionamiento, no a una ampliación hacia incentivos o licencias para quienes se gradúen del sandbox. Las limitaciones europeas, la falta de compromisos específicos y las dificultades parlamentarias hacen más probable que esa distinción persista: Sí: 20.8%; No: 79.3%.

Cited evidence