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Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PSOE+Sumar, ¿Autorizará el Gobierno, a lo largo de la próxima legislatura, la explotación de algún reactor nuclear más allá de la fecha de cese prevista en el calendario vigente?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PSOE+Sumar. El pronóstico es condicional a ese escenario. Situación de partida. El calendario pactado en 2019 entre las propietarias y Enresa, recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cierra el parque (siete reactores y 7.117 MW) entre 2027 y 2035. Las propietarias de Almaraz pidieron prolongarla el 30 de octubre de 2025. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio informe favorable el 16 de julio de 2026, con condiciones de plantilla, ciberseguridad y renovación de equipos, y la Orden TED/864/2026, publicada el 14 de agosto, amplió la autorización de las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030, frente a noviembre de 2027 y octubre de 2028. La vicepresidenta Sara Aagesen la definió en el Congreso el 9 de septiembre como una "extensión limitada" ligada al contexto geopolítico y afirmó que el cierre definitivo sigue en 2035. El Gobierno exigió que la prórroga no tuviera coste para los ciudadanos y garantizara la seguridad nuclear y de suministro. El Ministerio ha aclarado que no supone una prórroga automática para Ascó o Cofrentes, cuyas propietarias tendrían que pedirla central por central. En febrero de 2025 el Congreso aprobó una proposición no de ley del Partido Popular (PP) para alargar la vida de las centrales. El 13 de noviembre de 2025 rechazó, por 171 votos frente a 172 y con la abstención de Junts, una enmienda del PP que eliminaba las fechas de cese de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. Debate y actores. El PP considera la prórroga de Almaraz insuficiente y pide anular el calendario mientras el CSN avale la seguridad; Vox apoyó sus iniciativas. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) votaron contra la enmienda de 2025. La Junta de Extremadura y los ayuntamientos de Ascó y Cofrentes defienden la continuidad por el empleo local, y las propietarias critican la carga fiscal sobre la nuclear. El resultado del 29 de noviembre, el precio del gas y la seguridad de suministro pueden acelerar nuevas prórrogas; la necesidad de una solicitud previa y el plazo de revisión del CSN pueden frenarlas.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 45.8%
  • No: 54.3%

Reasoning

La probabilidad estimada es 45.8% para el Sí y 54.3% para el No: una nueva prórroga es plausible, pero el mantenimiento del calendario vigente es ligeramente más probable. El precedente de Almaraz y las presiones sobre el suministro empujan hacia el Sí; la oposición de Sumar, la postura oficial del Gobierno y la falta de solicitudes conocidas inclinan modestamente la balanza hacia el No.

Sí: el precedente y la presión energética podrían repetirse

La prórroga de Almaraz muestra que un Gobierno del PSOE puede apartarse del calendario cuando pesan la seguridad de suministro y el contexto energético. Pero esa autorización ya forma parte del calendario vigente: para contar como Sí, tendría que aprobarse una nueva extensión que rebasara alguna de las fechas ahora previstas, no bastaría con mantener Almaraz hasta junio de 2030 [e6, u1].

Hay razones para que vuelva a plantearse una decisión así. Ascó I y Cofrentes tienen fechas de cese en 2030, de modo que una solicitud presentada a tiempo podría llevar a una autorización durante la legislatura. Además, el gas se encareció con fuerza, los almacenamientos europeos estaban por debajo de sus niveles habituales y los precios eléctricos mostraron grandes oscilaciones [e14, e15, e16, e39, e41]. Sánchez también habría ofrecido a socios catalanes revisar el cierre; la patronal ha pedido cambiar la política nuclear, y el Parlamento Europeo respaldó estudiar nuevas extensiones [e2, e9, e11].

La presión local y empresarial tampoco es abstracta: ayuntamientos y regiones defienden el empleo asociado a las centrales, mientras las propietarias critican la carga fiscal nuclear. La reducción de la ecotasa extremeña fue vinculada por María Guardiola a la solicitud de extensión de Almaraz, un recordatorio de que las condiciones económicas pueden influir en la disposición de las empresas a pedir una prórroga [e13, e20].

No: una excepción no necesariamente se convierte en política general

El Gobierno presentó la extensión de Almaraz como limitada y reafirmó que el cierre completo del parque sigue previsto para 2035. Sumar, por su parte, rechazó la decisión y la describió como una ruptura del acuerdo de coalición; esa oposición podría ser especialmente relevante si el partido negociara de nuevo su participación en un gobierno encabezado por el PSOE [e1, e3, e8, e18].

La diferencia entre una señal política y una autorización concreta también importa. Ascó y Cofrentes no reciben automáticamente el mismo trato que Almaraz: sus propietarias deben solicitar una extensión individualmente, el CSN debe revisar la seguridad y después el ministerio debe decidir. No consta que se hayan presentado solicitudes para esas centrales, y un informe favorable del CSN no obligaría al Gobierno a autorizar la operación más allá del plazo vigente [u1, u2, u3].

El historial parlamentario apunta en la misma dirección: PSOE, Sumar y PNV se opusieron a eliminar las fechas de cese, mientras el Gobierno ha insistido en que la extensión de Almaraz no abre por sí sola una revisión general del calendario [u2, e1]. Esa postura no impide otro cambio, pero eleva el coste político de hacerlo.

Balance: una ventaja estrecha para el No

El caso del Sí no es marginal: la extensión de Almaraz prueba que el Gobierno puede ceder ante preocupaciones de suministro, y los cierres previstos para 2030 sitúan a algunas centrales dentro del horizonte de la legislatura. Sin embargo, la decisión anterior fue presentada como excepcional, Sumar se opone a nuevas ampliaciones y todavía falta el paso práctico que pondría en marcha otros expedientes: una solicitud formal de las propietarias. En conjunto, esa fricción justifica que el No sea apenas más probable —54.3%, frente a 45.8% para el Sí—, sin convertir un resultado incierto en una certeza.

Cited evidence