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Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PSOE+Sumar, ¿Aprobará el Gobierno, a lo largo de la próxima legislatura, una norma que saque el coste de los servicios de ajuste del precio de la energía y lo cobre como un cargo fijado de antemano?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PSOE+Sumar. El pronóstico es condicional a ese escenario. Situación de partida. Los servicios de ajuste son las operaciones que Red Eléctrica, como operador del sistema, contrata para equilibrar producción y consumo y resolver restricciones técnicas. Su coste se conoce a posteriori y se suma al precio final de la energía. Tras el apagón del 28 de abril de 2025, Red Eléctrica aplica una "operación reforzada" para asegurar la estabilidad del sistema, que ha encarecido ese coste. Según el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, que respaldan la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y otras entidades, estos servicios costaron 3.570 millones de euros entre enero y agosto de 2026, un 37 % más que un año antes, con una media de 21,60 €/MWh. Pesan hasta el 17 % en la factura de un electrointensivo. AEGE les atribuye más de 21 €/MWh de la brecha de precio con Francia y Alemania. Red Eléctrica sostiene que la programación reforzada supuso en torno al 2 % de los costes del sistema entre mayo y octubre de 2025. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) estableció en junio de 2025 que este coste no es un componente regulado, por lo que las comercializadoras no pueden trasladar sus subidas a contratos a precio fijo vigentes. En Gran Bretaña, el cargo por servicios de balance se fija desde abril de 2023 con nueve meses de antelación y se mantiene seis meses. Debate y actores. El Observatorio y la CEOE piden a la CNMC más fiscalización y datos periódicos, una fecha de fin para la operación reforzada y fórmulas para recuperar estos costes de forma más estable como costes regulados. AEGE reclama eliminar las cargas fiscales y parafiscales de la factura electrointensiva. Red Eléctrica defiende la operación reforzada por seguridad del suministro. Frenan la medida el reparto de competencias (la CNMC aprueba los procedimientos de operación y el Ministerio fija los cargos) y el riesgo de desviaciones que el sistema tendría que regularizar. La empujan la presión industrial y el peso creciente de este coste.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 17.3%
  • No: 82.7%

Reasoning

La probabilidad de que un Gobierno PSOE+Sumar apruebe el cargo ex ante específico es del 17.3%; la de que no lo haga, del 82.7%. La presión para actuar es real, pero todavía no se observa una propuesta gubernamental concreta y las demandas industriales apuntan sobre todo a otras fórmulas.

Sí: la presión puede convertir una reforma técnica en prioridad

El coste de los servicios de ajuste ha aumentado con fuerza: superó los 4.688 millones de euros hasta octubre de 2026, y las organizaciones empresariales calculan que añadió una media de 22,4 €/MWh. Para las empresas electrointensivas, el impacto es especialmente visible, y AEGE atribuye a estos costes parte de la brecha de precios con Francia y Alemania [a2, a4, u9]. La inquietud empresarial no se limita a los recibos: asociaciones industriales han advertido que algunas compañías podrían reducir producción o parar líneas si persisten los precios actuales [e4].

Ese tipo de presión puede abrir espacio para una respuesta política. El Gobierno ha recurrido a medidas anticrisis ante el encarecimiento de la energía, y Sumar ha pedido actualizar las protecciones frente a la inflación energética [e7, e8]. También existe un modelo internacional que demuestra que fijar por adelantado cargos de balance es técnicamente posible, aunque la experiencia británica no obliga a España a adoptar la misma solución [u9, e10]. En una legislatura completa, el coste creciente y la presión empresarial podrían mantener el asunto en la agenda.

No: actuar sobre el coste no equivale a aprobar este mecanismo

La evidencia más importante para el “No” es que no consta que el Gobierno haya iniciado una consulta, anunciado un borrador o expresado apoyo a un cargo fijado de antemano [u9, u13]. Y la demanda más concreta de AEGE no es exactamente la planteada en la pregunta: propone incorporar los costes de restricciones técnicas a los peajes de acceso. El Observatorio y la CEOE piden una recuperación más estable, pero eso deja abierto el diseño y no equivale necesariamente a fijar ex ante un cargo para el conjunto de los servicios de ajuste [a3, u9].

Además, el debate sobre la operación reforzada no explica por sí solo el volumen total del problema. Red Eléctrica dijo que esas medidas habían tenido un coste reducido para los consumidores y sostiene que las restricciones técnicas son necesarias para garantizar la seguridad y el suministro [e1, e6]. La crítica de Aelec a la transparencia y al fundamento regulatorio muestra que hay disputa, pero no demuestra que exista acuerdo sobre la fórmula de cobro [e3]. La propia presidenta de Aelec ha defendido también la no intervención en el mercado [e9].

El cambio tendría obstáculos institucionales y de diseño. La CNMC estableció que estos costes no son un componente regulado trasladable a contratos fijos vigentes; modificar su tratamiento exigiría coordinar las competencias del regulador y del Ministerio. Además, un cargo anticipado podría desviarse del coste real y requerir regularizaciones posteriores [u9]. La aprobación de un nuevo procedimiento operativo por la CNMC demuestra que las reglas pueden cambiar, pero no acredita que se esté preparando una reforma de la recuperación de costes [a5]. Red Eléctrica, por su parte, sostiene que el coste depende de la energía ofrecida por los agentes, no de una cantidad que el operador pueda simplemente fijar de antemano [a4, e6].

Balance: presión al alza, pero una propuesta demasiado específica

El aumento de los costes y la preocupación industrial hacen plausible que el Gobierno busque algún alivio. Pero la pregunta no es si habrá medidas energéticas, sino si se aprobará precisamente un cargo anticipado; por ahora, la propuesta empresarial más concreta apunta a otra vía y no hay señales de que la opción ex ante haya entrado en la agenda normativa. Esa diferencia, junto con los obstáculos regulatorios y el riesgo de desviaciones, justifica asignar 17.3% a “Sí” y 82.7% a “No”.

Cited evidence