The Forecasting MachineRead report

Loading shared forecast

The Forecasting MachineOpen interactive report

Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PP+Vox, ¿Autorizará el Gobierno, a lo largo de la próxima legislatura, la explotación de algún reactor nuclear más allá de la fecha de cese prevista en el calendario vigente?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PP+Vox. El pronóstico es condicional a ese escenario.Situación de partida. El calendario pactado en 2019 entre las propietarias y Enresa, recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cierra el parque (siete reactores y 7.117 MW) entre 2027 y 2035. Las propietarias de Almaraz pidieron prolongarla el 30 de octubre de 2025. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio informe favorable el 16 de julio de 2026, con condiciones de plantilla, ciberseguridad y renovación de equipos, y la Orden TED/864/2026, publicada el 14 de agosto, amplió la autorización de las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030, frente a noviembre de 2027 y octubre de 2028.La vicepresidenta Sara Aagesen la definió en el Congreso el 9 de septiembre como una "extensión limitada" ligada al contexto geopolítico y afirmó que el cierre definitivo sigue en 2035. El Gobierno exigió que la prórroga no tuviera coste para los ciudadanos y garantizara la seguridad nuclear y de suministro. El Ministerio ha aclarado que no supone una prórroga automática para Ascó o Cofrentes, cuyas propietarias tendrían que pedirla central por central.En febrero de 2025 el Congreso aprobó una proposición no de ley del Partido Popular (PP) para alargar la vida de las centrales. El 13 de noviembre de 2025 rechazó, por 171 votos frente a 172 y con la abstención de Junts, una enmienda del PP que eliminaba las fechas de cese de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.Debate y actores. El PP considera la prórroga de Almaraz insuficiente y pide anular el calendario mientras el CSN avale la seguridad; Vox apoyó sus iniciativas. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sumar y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) votaron contra la enmienda de 2025. La Junta de Extremadura y los ayuntamientos de Ascó y Cofrentes defienden la continuidad por el empleo local, y las propietarias critican la carga fiscal sobre la nuclear. El resultado del 29 de noviembre, el precio del gas y la seguridad de suministro pueden acelerar nuevas prórrogas; la necesidad de una solicitud previa y el plazo de revisión del CSN pueden frenarlas.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 84.3%
  • No: 15.8%

Reasoning

La autorización de al menos una nueva prórroga es el resultado claramente más probable: Sí, 84.3%; No, 15.8%. La voluntad política, el precedente administrativo y la presión por la seguridad de suministro favorecen el «Sí», aunque la decisión todavía depende de que las empresas soliciten las prórrogas y de que el CSN las avale.

Sí: una vía política abierta y un trámite ya probado

La señal del PP y Vox es inequívoca: el PP considera insuficiente la extensión de Almaraz, ha pedido revisar el calendario y sus candidatos han defendido que la central continúe más allá de 2030; Vox respalda la continuidad nuclear. También se han visto apoyos locales: la Junta de Extremadura y municipios de Ascó y Cofrentes defienden las centrales por el empleo, y en Extremadura se ha llegado a proponer construir más. Las encuestas previas al 29N, por su parte, proyectan una mayoría parlamentaria para PP y Vox, aunque esa aritmética no está confirmada [e13, e14, e17, u4].

La pieza decisiva quizá no sea cambiar todo el calendario, sino tramitar una prórroga concreta. El Gobierno ya amplió Almaraz mediante una orden ministerial, tras un informe favorable del CSN, sin derogar primero el calendario general. Aquel proceso llevó unos diez meses, un plazo que permitiría actuar sobre reactores con cierre previsto en 2030 si sus propietarias presentan pronto una solicitud [e3, e8, u1]. Además, María Guardiola ha señalado que podría pedirse una nueva extensión de Almaraz a partir del 29N, y atribuyó la solicitud anterior a una rebaja de la ecotasa [e1, e2].

El contexto energético también puede empujar en esa dirección. La subida de los precios eléctricos y las advertencias sobre una nueva crisis energética europea fortalecen el argumento de que mantener centrales operativas ayuda a la seguridad de suministro [e45, e51]. Como basta con que se autorice la extensión de un reactor, hay varias oportunidades para que se cumpla el resultado afirmativo.

No: la voluntad política no reemplaza a las empresas ni al CSN

El principal freno es práctico: cada propietaria debe solicitar la extensión para su central, y no constan solicitudes formales de Ascó o Cofrentes. Tampoco hay evidencia de compromisos de inversión de esas empresas ni de que acepten las condiciones económicas necesarias. La prórroga de Almaraz, además, se concedió con condiciones de seguridad y con el compromiso de no trasladar costes adicionales a los ciudadanos [u1, u9].

El precedente tampoco asegura que las próximas solicitudes se resuelvan igual. El CSN impuso requisitos sobre plantilla, ciberseguridad y renovación de equipos; una evaluación más difícil, o negociaciones fallidas sobre fiscalidad e inversiones, podría retrasar o frustrar una prórroga. La rebaja fiscal que facilitó la petición de Almaraz sugiere que las condiciones económicas importan, pero no demuestra que las propietarias de otras centrales vayan a solicitar extensiones [e1, e3].

Por último, la votación parlamentaria de 2025 mostró que eliminar las fechas de cierre no contaba entonces con respaldo suficiente: la enmienda del PP perdió por un voto. Un Gobierno PP+Vox y el mecanismo administrativo probado podrían cambiar el cálculo, pero no convierten una autorización futura en automática [u2, u3].

Balance

El «Sí» alcanza 84.3% porque confluyen una preferencia política clara, un procedimiento administrativo ya utilizado y varios reactores cuyo cierre está previsto dentro de la legislatura. El 15.8% para «No» refleja una incertidumbre real: sin solicitud empresarial, acuerdo económico y evaluación favorable del CSN, la voluntad del Gobierno podría no traducirse en una extensión. La evidencia favorece con fuerza una nueva prórroga, pero el paso decisivo sigue fuera del control exclusivo del Ejecutivo.

Cited evidence