The Forecasting MachineRead report

Loading shared forecast

The Forecasting MachineOpen interactive report

Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PSOE+Sumar, ¿Mantendrá el Gobierno, a lo largo de la próxima legislatura, un gravamen específico sobre la banca sin fecha de expiración?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PSOE+Sumar. El pronóstico es condicional a ese escenario. Situación de partida. España grava de forma específica a la banca desde 2023. La Ley 38/2022 creó una prestación temporal del 4,8 % sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades con más de 800 millones de euros por esos conceptos, aplicable en 2023 y 2024. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, la sustituyó por el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras: un tributo directo con una escala progresiva del 1 % al 7 % y deducciones ligadas al impuesto sobre sociedades y a la baja rentabilidad. Su recaudación se reparte entre las comunidades autónomas de régimen común según su producto interior bruto (PIB) regional. El impuesto solo se aplica a los tres primeros periodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2024 (2024, 2025 y 2026). Sin una nueva ley, no se exigirá por el ejercicio 2027. Hacienda ingresó 566 millones de euros en junio de 2025 por el primer pago fraccionado. En noviembre de 2024 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar anunciaron un acuerdo para hacerlo permanente, pero la ley aprobada fijó tres ejercicios. Con las Cortes disueltas, la decisión corresponde al Gobierno y a las Cámaras que salgan del 29 de noviembre. No existe armonización europea de estos gravámenes. El Banco Central Europeo (BCE) criticó en un dictamen de diciembre de 2024 que la base no descuente gastos operativos ni el coste del riesgo y advirtió de efectos sobre la rentabilidad y el crédito. Debate y actores. El Partido Popular (PP) votó en contra en el Congreso en 2024, pero en el Senado presentó enmiendas que aceptaban el impuesto con cambios, como impedir su concierto con País Vasco y Navarra y destinarlo a vivienda para jóvenes. La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) anunciaron en 2025 recursos contra su desarrollo. En octubre de 2026, analistas de Jefferies estimaron que un Gobierno del PP revisaría su estructura sin suprimirlo de inmediato. Favorecen su continuidad la necesidad de ingresos y el interés autonómico en la recaudación; la frenan la litigiosidad y las objeciones del BCE.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 40%
  • No: 60%

Reasoning

Condicionado a que gobierne PSOE+Sumar, estimo en 40.0% la probabilidad de que el gravamen siga vigente sin fecha de expiración y en 60.0% la de que no. La voluntad política de conservarlo y la necesidad de ingresos favorecen el «Sí», pero el precedente legislativo y la incertidumbre sobre los apoyos hacen más probable otra prórroga limitada —o la expiración— que una permanencia indefinida.

Sí: recaudar y reivindicar el impuesto

Hay razones para que un gobierno PSOE+Sumar quiera consolidar el gravamen. El PSOE lo reivindica como parte de su legado y ha dicho que incluirá una propuesta tributaria progresiva en su programa, aunque sin detallar medidas concretas [u14, e6]. También favorecen su continuidad la recaudación —1.423 millones de euros en 2024— y el interés de las comunidades autónomas, que reciben parte de ella. Los beneficios bancarios siguen siendo elevados: los seis bancos del Ibex ganaron 29.253 millones en los nueve primeros meses de 2026, un 15,1% más que un año antes; además, AIReF elevó su previsión de déficit para 2026 al 2,8% del PIB [u2, e11, e16].

La presión política para que la banca contribuya más podría así traducirse en un impuesto permanente. Pero querer mantener el gravamen no equivale necesariamente a querer eliminar su fecha de vencimiento: hacerlo indefinido requeriría una nueva ley.

No: la permanencia exige más que una prórroga

El antecedente más revelador es que PSOE y Sumar ya anunciaron en 2024 que querían hacerlo permanente, pero la ley aprobada lo limitó a los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Sin una nueva norma, no se exigirá por 2027 [u2, u11]. Por tanto, aunque el Gobierno decidiera renovarlo, podría hacerlo por un plazo adicional; eso sería continuidad del gravamen, pero no permanencia sin fecha de expiración.

Tampoco está acreditada una propuesta legislativa concreta para eliminar el límite ni la mayoría que permitiría aprobarla [u3, u10]. Junts ha descartado apoyar la investidura de Sánchez, y las negociaciones entre PSOE y Frente Amplio se han estancado, señales de que cualquier acuerdo parlamentario podría exigir concesiones [e27, e26]. El precedente de 2024 muestra que las declaraciones de los partidos gobernantes no bastaron para superar esas restricciones.

Además, siguen abiertas las impugnaciones contra los gravámenes, sin una sentencia vinculante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [e30]. El BCE había cuestionado el diseño del impuesto por no descontar gastos operativos ni el coste del riesgo, y advirtió de posibles efectos sobre la rentabilidad y el crédito [u2]. Estas críticas podrían llevar a reformarlo o prorrogarlo con condiciones, en vez de fijarlo indefinidamente.

Balance

El «Sí» alcanza un 40.0% porque PSOE+Sumar tendrían incentivos fiscales y políticos para conservar el tributo, reforzados por la recaudación y los beneficios bancarios. El «No», con 60.0%, es más probable porque la pregunta exige algo más específico que mantenerlo: eliminar toda fecha de expiración. La ley vigente conserva un límite claro y, pese a la intención de permanencia expresada en 2024, esa intención no llegó a la ley; por ahora, tampoco consta una iniciativa concreta que cambie ese patrón.

Cited evidence