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¿En qué situación estará a 31 de diciembre de 2027 la obligación de que los centros de datos de 10 MW o más cubran cada hora al menos el 80 % de su consumo con energía renovable generada en esa misma hora?

La obligación figura en el artículo 9 del proyecto de real decreto que el Gobierno remitió al Consejo de Estado el 26 de octubre de 2026 y que prevé aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Consejo de Estado ha emitido su dictamen sobre el texto. SpainDC ha anunciado que lo recurrirá en los tribunales, la Comisión Europea ha pedido al Gobierno que revise si debe notificarlo por el procedimiento TRIS y la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Aragón han pedido su retirada o su aplazamiento. El Gobierno que salga de las elecciones podrá mantener, modificar o derogar el real decreto. Información actualizada a la fecha.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Vigente, con una exigencia de correlación horaria del 80 % o superior: 23.3%
  • Vigente, con un porcentaje inferior al 80 % o con correlación mensual o anual: 33.3%
  • Derogada, suspendida o anulada por resolución judicial: 16.5%
  • El real decreto no llegó a aprobarse: 27%

Reasoning

A 31 de diciembre de 2027, el resultado más probable es que la norma siga vigente, pero con una exigencia suavizada: 33.3%, frente a 23.3% de que conserve una correlación horaria del 80% o superior. La derogación, suspensión o anulación judicial tiene una probabilidad del 16.5%; que el real decreto no llegue a aprobarse, del 27.0%.

La exigencia horaria se mantiene: 23.3%

Hay motivos para pensar que el requisito podría sobrevivir. El Consejo de Estado respaldó por unanimidad los fundamentos jurídicos del proyecto, con cuatro cambios, y el Gobierno mantenía el objetivo de aprobarlo antes de que terminara noviembre [e19, e21]. Además, la versión revisada contempla hasta cinco años para alcanzar la correlación horaria plena: una transición larga puede reflejar una implantación gradual, no necesariamente el abandono del estándar [e3].

Pero conservar un objetivo de electricidad renovable del 80% no demuestra por sí solo que el texto final exija cubrir hora por hora el 80% del consumo. El borrador revisado elevó el umbral de aplicación a 10 MW y dio más margen a los operadores, en un contexto en que la CNMC había recomendado revisar distintos aspectos de la regulación [e5, e18]. Esa ambigüedad reduce la probabilidad de que la obligación concreta de la pregunta sobreviva intacta.

La norma sigue, pero con una obligación más flexible: 33.3%

Este es el resultado individual más probable porque permite conciliar dos fuerzas que ya empujan en direcciones distintas: el Gobierno busca mantener objetivos ambientales, pero también ha ido suavizando el diseño para que la norma sea compatible con nuevas inversiones. La revisión extendió plazos y elevó el umbral de aplicación; antes, el ministro había descrito el objetivo como alcanzar un decreto equilibrado [e3, e5, e7].

La presión económica refuerza la posibilidad de cambios. SpainDC sostiene que la norma pone en riesgo inversiones y ha advertido que recurrirá el decreto; Google suspendió sus planes para un gran campus mientras esperaba la regulación [e2, e9, e27]. El PP, por su parte, ha prometido revisar y posiblemente relajar políticas climáticas, y ha propuesto acelerar las soluciones de acceso a la red para centros de datos [e14, e49]. Aunque las encuestas no son unánimes, varias proyectan una mayoría parlamentaria del PP y Vox, mientras el CIS muestra una perspectiva más favorable al PSOE [e20, e53, e54].

Derogación, suspensión o anulación judicial: 16.5%

SpainDC ha dicho que podría acudir al Tribunal Supremo y pedir medidas cautelares si el decreto se aprueba en su forma actual [e11]. A esa amenaza se suman la petición de revisar si corresponde notificar la norma por el procedimiento TRIS y la oposición de administraciones regionales preocupadas por atraer inversiones. Si hubiera defectos de tramitación, podrían intensificar el riesgo legal; pero anunciar un recurso no equivale a obtener una suspensión, y una anulación judicial completa antes de finales de 2027 no es el desenlace más seguro.

Un cambio de Gobierno también podría acabar con la norma, aunque en ese caso la derogación sería una decisión política, no judicial. Esa posibilidad cuenta aquí porque forma parte del resultado planteado, pero la existencia de una vía más gradual —modificar la exigencia— hace menos probable que la eliminación total sea la respuesta preferida.

El real decreto no llega a aprobarse: 27.0%

El trámite seguía abierto y el margen era estrecho: el Gobierno aspiraba a aprobar el decreto antes de acabar noviembre, pero la Comisión Europea pidió revisar si debía notificarse por TRIS. Si esa revisión impusiera una pausa, el calendario electoral podría dejar al Gobierno sin tiempo para completar la aprobación antes de las elecciones [e21]. La presión empresarial y la suspensión de planes de inversión de Google elevan el incentivo para detenerse o renegociar [e9, e27].

En sentido contrario, el Consejo de Estado ya había dado respaldo a los fundamentos jurídicos y la aprobación continuaba siendo el objetivo declarado del Gobierno [e19, e21]. Por eso, la falta de aprobación es un riesgo considerable, no el escenario central.

Balance de la evidencia

La distribución refleja que aprobar el decreto y después ajustarlo es algo más probable que conservar íntegro el requisito horario. La revisión del texto, la presión de las empresas y la posibilidad de un cambio de Gobierno apuntan hacia la flexibilización; el dictamen favorable y la intención de aprobarlo mantienen una probabilidad significativa de continuidad. El TRIS y la incertidumbre sobre el rumbo político sostienen, a su vez, un riesgo importante de que el proceso no culmine, mientras que la amenaza de recurso judicial pesa menos que esas vías de cambio regulatorio.

Cited evidence