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Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PSOE+Sumar, ¿Entrará en vigor, a lo largo de la próxima legislatura, una rebaja de impuestos o de cargos eléctricos para la industria condicionada a la firma de contratos de compraventa de energía a largo plazo?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PSOE+Sumar. El pronóstico es condicional a ese escenario. Situación de partida. El impuesto especial sobre la electricidad tiene un tipo general del 5,11 %, con una reducción del 85 % de la base para determinados usos industriales intensivos; la Directiva 2003/96/CE fija un mínimo de 0,5 €/MWh para usos profesionales. Los cargos, que el Ministerio fija por orden (para 2026, la Orden TED/1524/2025), pagan costes regulados como la retribución de renovables antiguas, la deuda del sistema o el sobrecoste de los territorios no peninsulares. Ante la crisis de Oriente Medio, el Real Decreto-ley 7/2026 bajó ese impuesto al 0,5 % entre el 22 de marzo y el 30 de junio de 2026, redujo un 80 % los peajes de los electrointensivos durante 2026 y creó el Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial, cuya sección A cubre riesgos de sus contratos eléctricos a largo plazo. El Real Decreto-ley 18/2026 rebaja el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) al 3,5 % en 2027 y lo suprime desde 2028. Ninguna de estas medidas liga impuestos o cargos a la firma de PPA. En la Unión Europea (UE), el Reglamento (UE) 2024/1747 de reforma del mercado eléctrico obliga a promover los PPA, eliminar cargos injustificados y ofrecer garantías a precios de mercado a quien tenga barreras de acceso. El marco de ayudas de Estado de junio de 2025 permite rebajas temporales del precio eléctrico a la industria intensiva hasta 2030 a cambio de invertir en descarbonización. Según Pexapark, España lideró Europa en PPA en 2023, con unos 4,7 GW. Debate y actores. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) reclama eliminar las cargas fiscales y parafiscales de la factura electrointensiva y estima que el Real Decreto-ley 7/2026 la redujo en torno a un 8 %. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) pide hacer permanente la suspensión del IVPEE y del impuesto eléctrico. El Gobierno ha planteado las rebajas como temporales. Frenan la medida su coste fiscal, que exigiría compensar al sistema eléctrico con Presupuestos prorrogados desde 2023, y las reglas europeas de ayudas. La empujan los precios altos del mercado y la competencia con Francia y Alemania.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 12%
  • No: 88%

Reasoning

La probabilidad de que entre en vigor una rebaja de impuestos o cargos eléctricos para la industria condicionada a firmar PPA es 12,0 %; la de que no ocurra es 88,0 %. La presión para ayudar a la industria y un mercado de PPA ya desarrollado hacen posible un cambio, pero la trayectoria observada favorece las rebajas generales o ligadas a otros criterios, no a la firma de esos contratos.

Sí: una nueva contrapartida verde, pero no la opción más probable

La industria tiene motivos sólidos para pedir alivio: a finales de octubre, pagaba 107,90 €/MWh por la electricidad, frente a 82,94 en Francia y 95,46 en Alemania [e11]. Unesid instó a los partidos a priorizar la competitividad industrial, y pidió extender el alivio fiscal y elevar las compensaciones por costes de CO₂ [e12] [e13]. En un contexto así, un gobierno podría reservar parte del apoyo a las empresas que aseguren precios y suministro mediante contratos de largo plazo.

La idea también sería practicable: España ha firmado cerca de 4,7 GW en PPA durante el último año, mientras que el precio medio de los PPA solares cayó a unos 31 €/MWh en el tercer trimestre [e8] [e34]. Además, la normativa europea promueve estos contratos y el marco de ayudas permite rebajas eléctricas temporales a cambio de inversiones de descarbonización. Un PPA renovable podría integrarse en ese tipo de compromiso, aunque las reglas no exigen ese diseño [u3].

No: la política existente sigue otra senda

El antecedente más revelador es que las rebajas recientes no han condicionado el alivio a firmar un PPA. El Gobierno redujo temporalmente el impuesto eléctrico, rebajó los peajes de los electrointensivos y creó un fondo que cubre riesgos de contratos a largo plazo; por otra vía, previó rebajar y después suprimir el IVPEE. Ninguna de esas medidas ata la reducción de impuestos o cargos a la firma de un contrato [u3] [u5]. La extensión de las medidas anticrisis hasta final de 2026 también apunta a prolongar el apoyo existente, no a estrenar esa condicionalidad [e5].

Tampoco la reclaman los actores que más presionan por reducir costes: AEGE pide eliminar cargas fiscales y parafiscales de forma general, y CEOE quiere hacer permanentes las suspensiones tributarias. Los PPA aparecen como una herramienta para limitar la exposición al mercado, mientras que las ayudas vigentes se asignan por consumo, intensidad energética o compromisos de descarbonización y eficiencia [a2] [a3] [a5]. No se ha localizado una propuesta de PSOE o Sumar que vincule explícitamente el alivio a la firma de PPA [u7] [u13].

Hay, además, un coste para cualquier nueva rebaja: las medidas energéticas ya han supuesto un ahorro estimado de 3.675 millones de euros para hogares y empresas, mientras que AIReF elevó su previsión de déficit para 2026 al 2,8 % del PIB [e6] [e48]. Las reglas europeas permiten apoyos temporales a la industria, pero se centran en la descarbonización, no en contratar energía a largo plazo [u3]. Y la disputa sobre las disposiciones fiscales de la reforma eléctrica europea muestra que el diseño tributario sigue siendo políticamente sensible [e1].

Balance

El encarecimiento relativo de la electricidad española, la presión industrial y la madurez del mercado de PPA dejan abierta una posibilidad real de que un gobierno introduzca una condicionalidad nueva. Pero la evidencia más directa —las medidas aprobadas, las demandas empresariales y las propuestas políticas conocidas— señala en otra dirección: alivios generales, temporales o vinculados a eficiencia y descarbonización. Por eso el pronóstico asigna 12,0 % a “Sí” y 88,0 % a “No”.

Cited evidence