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Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PP+Vox, ¿Flexibilizará el Gobierno los requisitos del Real Decreto de Centros de Datos en su tramitación final o durante la próxima legislatura?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PP+Vox. El pronóstico es condicional a ese escenario.Situación de partida. El proyecto de Real Decreto de Centros de Datos está en tramitación: el borrador remitido al Consejo de Estado en octubre de 2026 mantiene requisitos nacionales exigentes de eficiencia energética e hídrica y de adicionalidad renovable con correlación temporal. La CNMC, en su informe IPN/CNMC/038/26 (22 de septiembre de 2026), pidió flexibilizar la adicionalidad del 80 % renovable y la correlación horaria y revisar plazos e indicadores de eficiencia energética e hídrica. La Comisión Europea abrió el 21 de septiembre de 2026 una consulta pública sobre normas mínimas de rendimiento de los centros de datos, abierta hasta el 14 de diciembre de 2026.Debate y actores. El sector de los centros de datos y la CNMC empujan hacia la flexibilización para no frenar la inversión; el Gobierno mantiene en el borrador las exigencias ambientales. La resolución depende del texto que finalmente se publique en el BOE.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Se flexibilizarán los requisitos del Real Decreto de Centros de Datos.: 80.5%
  • No se flexibilizarán los requisitos del Real Decreto de Centros de Datos.: 19.5%

Reasoning

La flexibilización es claramente más probable: 80,5% frente a 19,5% para que los requisitos no se flexibilicen. La apuesta no es por una desregulación completa, sino por nuevos ajustes de plazos, umbrales o condiciones, impulsados por la presión inversora y la orientación prodesarrollo del hipotético Gobierno PP+Vox.

A favor: presión para ajustar, incentivos para hacerlo

La CNMC ha señalado medidas concretas que considera demasiado estrictas o poco viables: la obligación de obtener un 80% de electricidad renovable adicional, la correlación horaria, los plazos para cumplir y algunos indicadores de eficiencia energética e hídrica. A esa presión técnica se suman las más de 600 alegaciones y las demandas del sector de centros de datos y del sector eólico. La industria afirma que hay 66.900 millones de euros de inversión en juego y que algunos proyectos ya se han retirado, aunque esas cifras son estimaciones sectoriales [u1, u5].

El borrador revisado ya mostró margen para hacer concesiones: elevó de 1 a 10 MW el umbral general de acceso a la red y amplió hasta 2031 el plazo para cumplir los objetivos renovables [e4]. Esto no garantiza nuevas rebajas, pero sí sugiere que la discusión se está centrando en cómo adaptar las obligaciones, no únicamente en mantener intacta la propuesta inicial.

En el escenario planteado, las señales políticas también favorecen algún ajuste. El PP ha propuesto resolver con rapidez el acceso de los centros de datos a la red, mientras Vox presenta la desregulación económica como prioridad. En Aragón, PP y Vox han respaldado incentivos y trámites más ágiles para proyectos de centros de datos [e8, e12, e19, e27, e29]. Son indicios de una preferencia por atraer inversión, aunque no equivalen a un compromiso explícito de modificar este decreto.

A favor de mantener los requisitos: límites ambientales y de calendario

El Gobierno actual ha defendido las garantías de sostenibilidad y la protección de los consumidores frente a posibles costes eléctricos. El borrador enviado al Consejo de Estado conservaba requisitos ambientales exigentes, y las condiciones sobre agua y electricidad responden a problemas que no desaparecen por un cambio de Gobierno [u1, u5]. Además, la Comisión Europea está desarrollando reglas de sostenibilidad para centros de datos y ha pedido a España que valore notificar el decreto mediante el procedimiento TRIS, lo que podría añadir límites o fricciones a la tramitación [e1, e2, e7].

También hay incertidumbre política. No consta una posición específica de PP o Vox sobre las obligaciones centrales del decreto; y, aunque Vox defiende una agenda desreguladora, el PP no comparte todas sus propuestas en esa materia [u14]. Si el decreto se aprobara antes de las elecciones, flexibilizarlo durante la legislatura exigiría una decisión posterior, no una simple revisión de última hora. El Gobierno pretendía aprobarlo antes del 29N, aunque los trámites pendientes podían alterar ese calendario [u5].

Balance

La presión de la CNMC y la industria, las concesiones ya incorporadas al borrador y las señales favorables a facilitar la inversión hacen más probable una flexibilización que la continuidad sin cambios. Pero la falta de compromisos concretos del PP y Vox, las razones ambientales y las reglas europeas reducen la probabilidad de una relajación amplia. Por eso, el resultado más probable es una modificación acotada —sobre todo en plazos o parámetros—: 80,5% de que se flexibilicen los requisitos y 19,5% de que no.

Cited evidence