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Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PP+Vox, ¿Aprobará el Gobierno, a lo largo de la próxima legislatura, una norma que saque el coste de los servicios de ajuste del precio de la energía y lo cobre como un cargo fijado de antemano?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PP+Vox. El pronóstico es condicional a ese escenario.Situación de partida. Los servicios de ajuste son las operaciones que Red Eléctrica, como operador del sistema, contrata para equilibrar producción y consumo y resolver restricciones técnicas. Su coste se conoce a posteriori y se suma al precio final de la energía. Tras el apagón del 28 de abril de 2025, Red Eléctrica aplica una "operación reforzada" para asegurar la estabilidad del sistema, que ha encarecido ese coste.Según el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, que respaldan la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y otras entidades, estos servicios costaron 3.570 millones de euros entre enero y agosto de 2026, un 37 % más que un año antes, con una media de 21,60 €/MWh. Pesan hasta el 17 % en la factura de un electrointensivo. AEGE les atribuye más de 21 €/MWh de la brecha de precio con Francia y Alemania. Red Eléctrica sostiene que la programación reforzada supuso en torno al 2 % de los costes del sistema entre mayo y octubre de 2025.La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) estableció en junio de 2025 que este coste no es un componente regulado, por lo que las comercializadoras no pueden trasladar sus subidas a contratos a precio fijo vigentes. En Gran Bretaña, el cargo por servicios de balance se fija desde abril de 2023 con nueve meses de antelación y se mantiene seis meses.Debate y actores. El Observatorio y la CEOE piden a la CNMC más fiscalización y datos periódicos, una fecha de fin para la operación reforzada y fórmulas para recuperar estos costes de forma más estable como costes regulados. AEGE reclama eliminar las cargas fiscales y parafiscales de la factura electrointensiva. Red Eléctrica defiende la operación reforzada por seguridad del suministro. Frenan la medida el reparto de competencias (la CNMC aprueba los procedimientos de operación y el Ministerio fija los cargos) y el riesgo de desviaciones que el sistema tendría que regularizar. La empujan la presión industrial y el peso creciente de este coste.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 21.5%
  • No: 78.5%

Reasoning

La aprobación es posible, pero menos probable que no: Sí, 21.5%; No, 78.5%. El coste creciente y la presión industrial podrían empujar una reforma, pero no hay un compromiso político explícito con este mecanismo y su diseño exige resolver obstáculos regulatorios y técnicos.

Sí — 21.5%: presión económica, una oportunidad política

Los servicios de ajuste se han encarecido con fuerza: los datos disponibles sitúan su coste en 3.570 millones de euros entre enero y agosto de 2026, un 37% más que un año antes; para septiembre, otras cifras elevan aún más el total [e1] [e2]. Para los consumidores electrointensivos pueden representar hasta el 17% de la factura, y la industria sostiene que agravan la brecha de precios con Francia y Alemania [u8]. La CEOE, Aelec y AEGE piden fórmulas para recuperar esos costes de forma más estable, una demanda que podría ganar influencia ante un gobierno del PP.

También hay cierta afinidad política: PP y Vox han respaldado medidas para abaratar la electricidad, como rebajas fiscales y cambios en el IVPEE [a4, a5, a6]. El modelo británico demuestra que se puede fijar por adelantado un cargo por servicios de balance, y una legislatura completa daría tiempo para negociar una fórmula española [u8]. Pero esas señales hacen plausible actuar sobre el problema, no necesariamente aprobar la solución exacta que plantea la pregunta.

No — 78.5%: una demanda cercana no es un compromiso

La propuesta empresarial más próxima es incorporar los costes de las restricciones técnicas a los peajes de acceso o recuperarlos como costes regulados; no exige específicamente un cargo predeterminado [a1] [u8]. Tampoco se conoce una propuesta concreta del PP o Vox para adoptar el modelo británico. Las prioridades públicas del bloque incluyen rebajas de impuestos, impulso a la energía nuclear y cambios en el acceso a la red, mientras Vox habla de desregulación económica en términos generales [e4] [e16] [e15].

Además, la CNMC determinó que los servicios de ajuste no son un componente regulado, y la división de competencias entre la CNMC y el Ministerio complica cambiar su tratamiento [u8]. Fijar el cargo con antelación también obliga a decidir quién asume la diferencia si los costes reales se apartan de la previsión. Red Eléctrica defiende la operación reforzada por razones de seguridad, y Aelec ha cuestionado la transparencia y el fundamento regulatorio de ese sistema, señales de que el debate puede centrarse en supervisión y operación antes que en rediseñar el cobro [e3] [u8].

Balance

La presión industrial y el encarecimiento de estos servicios elevan la probabilidad de que el gobierno haga algo. Pero la medida preguntada es más específica que las reformas que piden los actores empresariales y más compleja que las rebajas fiscales que PP y Vox ya han defendido. Sin una iniciativa formal ni respaldo explícito para un cargo fijado de antemano, el No, 78.5% es claramente más probable que el Sí, 21.5%.

Cited evidence