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Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PP+Vox, ¿Mantendrá el Gobierno, a lo largo de la próxima legislatura, un gravamen específico sobre la banca sin fecha de expiración?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PP+Vox. El pronóstico es condicional a ese escenario. Situación de partida. España grava de forma específica a la banca desde 2023. La Ley 38/2022 creó una prestación temporal del 4,8 % sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades con más de 800 millones de euros por esos conceptos, aplicable en 2023 y 2024. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, la sustituyó por el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras: un tributo directo con una escala progresiva del 1 % al 7 % y deducciones ligadas al impuesto sobre sociedades y a la baja rentabilidad. Su recaudación se reparte entre las comunidades autónomas de régimen común según su producto interior bruto (PIB) regional. El impuesto solo se aplica a los tres primeros periodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2024 (2024, 2025 y 2026). Sin una nueva ley, no se exigirá por el ejercicio 2027. Hacienda ingresó 566 millones de euros en junio de 2025 por el primer pago fraccionado. En noviembre de 2024 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar anunciaron un acuerdo para hacerlo permanente, pero la ley aprobada fijó tres ejercicios. Con las Cortes disueltas, la decisión corresponde al Gobierno y a las Cámaras que salgan del 29 de noviembre. No existe armonización europea de estos gravámenes. El Banco Central Europeo (BCE) criticó en un dictamen de diciembre de 2024 que la base no descuente gastos operativos ni el coste del riesgo y advirtió de efectos sobre la rentabilidad y el crédito. Debate y actores. El Partido Popular (PP) votó en contra en el Congreso en 2024, pero en el Senado presentó enmiendas que aceptaban el impuesto con cambios, como impedir su concierto con País Vasco y Navarra y destinarlo a vivienda para jóvenes. La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) anunciaron en 2025 recursos contra su desarrollo. En octubre de 2026, analistas de Jefferies estimaron que un Gobierno del PP revisaría su estructura sin suprimirlo de inmediato. Favorecen su continuidad la necesidad de ingresos y el interés autonómico en la recaudación; la frenan la litigiosidad y las objeciones del BCE.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 18.7%
  • No: 81.3%

Reasoning

La probabilidad de que un Gobierno PP+Vox mantenga el gravamen bancario sin fecha de expiración es del 18.7%; la de que no lo haga es del 81.3%. El factor decisivo es que la ley vigente caduca tras 2026: reformarlo o prorrogarlo no bastaría para responder «Sí» si la nueva norma aún tuviera una fecha límite.

Sí: ingresos y margen para reformar

Hay razones para que un nuevo Gobierno preserve alguna forma de gravamen. El impuesto recaudó 1.423 millones de euros en 2024, y CaixaBank pagó 304 millones durante el primer semestre de 2026. Además, al repartirse parte de la recaudación entre las comunidades autónomas, su continuidad podría resultar atractiva también para gobiernos regionales del PP [u1, e24].

La previsión de Jefferies es que un Gobierno del PP revisaría el impuesto sin suprimirlo de inmediato, atendiendo a las necesidades de consolidación fiscal [a1]. Y el PP no ha mostrado un rechazo absoluto: aunque votó contra el gravamen en el Congreso, propuso en el Senado cambios que asumían su existencia, entre ellos destinar fondos a vivienda joven [u3]. Esa opción podría encajar con la promesa de construir un millón de viviendas [e23]. Una reforma que redujera el impacto sobre los bancos, pero conservara ingresos, es por tanto plausible.

No: la caducidad exige actuar

La ley vigente solo cubre los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Sin una nueva norma, no se exigirá el impuesto en 2027; hacerlo indefinido requeriría una decisión legislativa activa del nuevo Gobierno y las Cortes [u1, u2]. Por eso, la expectativa de que el gravamen no se suprima de inmediato no equivale a que vaya a mantenerse sin fecha de expiración. La reforma podría limitarse a modificarlo o prorrogarlo por un plazo concreto [a1].

Las señales políticas hacen menos probable el paso a la permanencia. Feijóo ha prometido rebajas fiscales y Vox plantea la desregulación y la bajada de impuestos como condiciones para pactar, además de proponer recortes en varios tributos [e4, e10, e13, e23]. Ninguno ha anunciado un compromiso específico de eliminar la caducidad del impuesto bancario [u13]. A ello se suman los recursos anunciados por AEB y CECA y las críticas del BCE a una base imponible que, según el organismo, no descuenta gastos operativos ni el coste del riesgo [u1, u6].

Balance

El «Sí» no es imposible: la recaudación es relevante, las comunidades tienen incentivos para preservarla y la postura del PP ha dejado espacio para una versión reformada. Pero el criterio de la pregunta es más exigente que conservar ingresos por un tiempo: exige legislar para que el gravamen no tenga fecha de expiración. La combinación de caducidad automática, promesas de rebajas y falta de un compromiso explícito con la permanencia inclina el pronóstico al No, 81.3%, frente al Sí, 18.7%.

Cited evidence