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Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PP+Vox, ¿Aprobará el Gobierno, a lo largo de la próxima legislatura, una norma estatal con nuevas restricciones a las viviendas de uso turístico (por ejemplo, límites a nuevas autorizaciones en zonas tensionadas, zonas de exclusión o requisitos adicionales para su comercialización)?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PP+Vox. El pronóstico es condicional a ese escenario. Situación de partida. Desde el 3 de abril de 2025, la reforma de la LPH (Ley Orgánica 1/2025) exige el voto de tres quintas partes de los propietarios y de las cuotas para iniciar la actividad en un edificio. El Real Decreto-ley 29/2026, pendiente de convalidación, aplica desde el 1 de diciembre un IVA del 10 % a las estancias de hasta 30 noches, permite un recargo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de hasta el 150 % y acota el alquiler de temporada. El Tribunal Supremo anuló en mayo de 2026 el Registro Único de Arrendamientos por falta de competencia estatal. Las licencias son autonómicas y municipales. El Tribunal Constitucional avaló en marzo de 2025 el decreto-ley catalán 3/2023, que limita las licencias en número y duración; Barcelona dejará caducar unas 10.000 en noviembre de 2028. Baleares prohíbe nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares, y la Ley canaria 6/2025 limita la vivienda vacacional a un porcentaje del parque residencial de cada municipio. Madrid veta con el Plan Reside los pisos turísticos en edificios residenciales del centro histórico, y Málaga suspendió en 2025 las nuevas VUT durante un máximo de tres años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo de 2026 había 341.001 viviendas turísticas anunciadas en plataformas, un 10,7 % menos que un año antes. En la Unión Europea, la Comisión propuso en septiembre de 2026 una ley de vivienda asequible que exige restricciones necesarias y proporcionadas a los alquileres de corta duración. Debate y actores. El Ministerio de Vivienda pidió en junio de 2026 limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas, cifró en 111.000 los ilegales detectados y propuso llevarlos al alquiler con el Plan Estatal de Vivienda. Exceltur reclama desde 2024 un marco estatal que permita a las comunidades actuar con más dureza. El PP y sus comunidades sostienen que el alquiler turístico es competencia autonómica, y Apartur, patronal de apartamentos turísticos de Barcelona, calificó de "populista" la supresión de licencias. La sentencia del Supremo acota la intervención estatal; el resultado del 29N y la ley europea la condicionarán.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 18.5%
  • No: 81.5%

Reasoning

La probabilidad de que un Gobierno PP+Vox apruebe nuevas restricciones estatales a las viviendas de uso turístico es del 18.5%, frente a un 81.5% de que no lo haga. Hay vías legales y políticas para una medida limitada, pero las señales más claras apuntan a que el Ejecutivo preferiría dejar las restricciones en manos autonómicas y municipales.

Sí: una posibilidad acotada, no imposible

La pregunta abarca no solo límites a nuevas autorizaciones o zonas de exclusión, sino también requisitos adicionales para comercializar viviendas. Esa amplitud importa: aunque un marco estatal de licencias tendría obstáculos, una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal o reglas de coordinación para plataformas podrían introducir exigencias más modestas. Feijóo ha anunciado una reforma de esa ley entre sus prioridades iniciales, aunque no ha precisado que vaya a endurecer las condiciones para las VUT [e4, e5].

También hay presión para actuar. El Ministerio de Vivienda cifró en 111.000 las viviendas turísticas ilegales y propuso incorporarlas al alquiler residencial; Exceltur, por su parte, reclama un marco estatal que permita a las comunidades intervenir con más dureza. La propuesta europea de vivienda asequible contempla restricciones proporcionadas a los alquileres de corta duración, y podría empujar a España hacia alguna regulación durante una legislatura completa. Pero la propuesta aún debe aprobarse y no consta un plazo que obligue al próximo Gobierno a legislar [e2, e9].

No: las señales políticas y competenciales pesan más

PP y Vox se opusieron a los decretos de vivienda del Gobierno, calificándolos de intervencionistas y perjudiciales para la seguridad jurídica y la oferta; también votaron contra un decreto que protegía a personas vulnerables y prorrogaba contratos de alquiler [e1, e12]. Vox ha situado la desregulación económica entre sus condiciones para negociar un Gobierno con el PP [e7, e26]. A su vez, las prioridades de vivienda anunciadas por Feijóo —ley del suelo, medidas contra la ocupación y reforma de la LPH— no incluyen nuevas restricciones a las VUT; su propuesta de silencio administrativo positivo refuerza la impresión de que buscaría reducir trabas [e4, e5, e30].

El PP y sus comunidades sostienen que el alquiler turístico es competencia autonómica. Esa postura encaja con el reparto actual de licencias, que corresponde a comunidades y ayuntamientos, y hace menos probable que un Gobierno de ese signo imponga límites nacionales. Además, el Supremo anuló el Registro Único de Arrendamientos por falta de competencia estatal: no impide cualquier regulación, pero sí advierte contra un sistema nacional exhaustivo de licencias o registros [u4, a3].

Mientras tanto, ya existen restricciones regionales y locales: Cataluña limita el número y la duración de las licencias, Barcelona prevé dejar caducar unas 10.000, Baleares y Canarias aplican sus propios límites, y Madrid y Málaga han restringido nuevas VUT en determinadas zonas. La oferta anunciada en plataformas cayó un 10,7% interanual en mayo de 2026, lo que también reduce la presión para que un Gobierno central adopte una respuesta propia [u4].

Balance

La posibilidad de un requisito nuevo y limitado —por ejemplo, vinculado a la LPH o a la comercialización en plataformas— justifica mantener el Sí en 18.5%, no cerca de cero. Pero la oposición de ambos partidos a las medidas recientes, la preferencia del PP por la competencia autonómica, el énfasis desregulador de Vox y el obstáculo jurídico señalado por el Supremo sostienen el No en 81.5%. Las medidas ya aprobadas por el Gobierno anterior, incluido el recargo del IBI y el IVA para ciertas estancias, no cuentan como una nueva norma aprobada por el futuro Gobierno PP+Vox [u2, u10].

Cited evidence