The Forecasting MachineOpen interactive report

Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PP+Vox, ¿Defenderá el Gobierno en el Consejo de la UE, a lo largo de la próxima legislatura, que los pagos fuera de línea con euro digital garanticen un nivel de privacidad equiparable al del efectivo sin exigencias adicionales de identificación?

Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PP+Vox. El pronóstico es condicional a ese escenario. Situación de partida. El euro digital está en fase legislativa en la UE: los trílogos entre Parlamento Europeo, Consejo y Comisión discuten el reglamento, con la posición del Parlamento aprobada en comisión en junio de 2026 y en pleno en julio. Uno de los puntos abiertos es la privacidad de los pagos fuera de línea (offline), para los que se plantea un nivel equiparable al efectivo con técnicas de conocimiento cero; el límite de tenencia por persona se discute entre 3.000 y 4.000 €. No constan declaraciones recientes de partidos españoles sobre la privacidad de los pagos offline. Debate y actores. La posición española se fijará en el Consejo (ECOFIN) y en los trílogos, a través del ministro o del secretario de Estado de Economía y del Banco de España. Si la posición no queda documentada en ninguna fuente pública, la pregunta no podrá resolverse.

Forecasted on

Forecast probabilities

  • Sí: 16.8%
  • No: 83.2%

Reasoning

La probabilidad de que un Gobierno PP+Vox defienda esa exigencia concreta es 16.8%; la de que no lo haga es 83.2%. Hay indicios de sensibilidad hacia la privacidad, pero son menos específicos que la condición planteada, y el calendario y la dificultad de verificar una postura pública inclinan el balance hacia el «No».

El «Sí»: preocupación por la vigilancia, pero sin una exigencia precisa

Vox se opuso al mandato parlamentario por temor al control institucional de los pagos, mientras que el popular Fernando Navarrete defendió que el euro digital ampliaría la privacidad y complementaría el efectivo [a5] [a4, a6]. Ambas señales podrían dar pie a que un Gobierno de coalición reclame salvaguardas más fuertes, sobre todo si los trílogos siguen abiertos: en octubre se debatían los pagos offline y las reglas contra el blanqueo, y se había programado otra ronda para el 5 de noviembre [e1] [e13].

Pero esas posiciones no equivalen a pedir que los pagos offline tengan privacidad equiparable al efectivo sin exigencias adicionales de identificación. No consta que Vox haya formulado esa demanda concreta, ni que el PP la haya adoptado como línea negociadora. La oposición general a la vigilancia puede traducirse en una defensa amplia de la privacidad sin llegar a esa cláusula específica.

El «No»: la inercia negociadora y el umbral exigente

El diseño presentado por el BCE protege los detalles de los pagos offline para que queden entre pagador y receptor, pero mantiene controles antiblanqueo cuando se carga o retira saldo de la cartera [a1, a8] [e8, e9]. Así, respaldar una privacidad elevada no implica apoyar la ausencia de requisitos de identificación. El PP, además, respaldó el avance general del euro digital y Navarrete defendió un modelo combinado, no una exención de esos controles [a4, a6].

El margen político también puede ser estrecho. El Consejo ya había fijado su posición negociadora en diciembre de 2025, y las instituciones buscaban cerrar el acuerdo legislativo antes de terminar 2026; el Parlamento había aprobado su posición y los trílogos estaban en marcha [a4, a8] [e6, e12, e29]. Un Gobierno formado después de las elecciones del 29N podría tener poco tiempo para alterar la negociación. Y aunque Vox ha priorizado la desregulación, la prioridad nacional y la inmigración, no hay señales de que haya hecho del euro digital una condición de coalición [u7, u13].

Balance: una defensa que tendría que ser explícita y pública

El «Sí» sigue siendo posible: la desconfianza de Vox ante el control de los pagos podría impulsar una declaración más ambiciosa, y la negociación europea aún trataba asuntos relacionados con el uso offline. Pero para cumplir el criterio no bastaría con defender «más privacidad»: el Gobierno tendría que sostener y dejar documentada una posición que excluya exigencias adicionales de identificación. La distancia entre las señales disponibles y esa demanda precisa, sumada al calendario y a la falta de una postura pública española identificable, justifica asignar 16.8% al «Sí» y 83.2% al «No».

Cited evidence