Si tras las elecciones del 29N se forma un gobierno liderado por PP+Vox, ¿Aprobará el Consejo de Ministros, a lo largo de la próxima legislatura, un proyecto de ley orgánica que fije una edad mínima para acceder a redes sociales?
Escenario: las elecciones del 29N dan paso a un gobierno liderado por PP+Vox. El pronóstico es condicional a ese escenario.Situación de partida. El Consejo de Ministros aprobó el 25 de marzo de 2025 el proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Elevaba de 14 a 16 años la edad para consentir el tratamiento de datos personales, que en la práctica es la edad de registro en redes, y exigía control parental gratuito y verificación de edad. El 3 de febrero de 2026, Pedro Sánchez anunció la prohibición expresa del acceso a menores de 16 años. A principios de julio, PSOE y Sumar registraron enmiendas que vetan a los menores de 16 años las plataformas con contenido dañino, salvo autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El texto seguía en ponencia cuando decayó con la disolución de las Cortes tras el anuncio electoral del 5 de octubre de 2026.En la Unión Europea (UE), la Comisión adoptó el 17 de septiembre de 2026 la propuesta de reglamento EU Kids Act: sin redes sociales antes de los 13 años, cuentas limitadas y supervisadas entre los 13 y los 15, verificación de edad armonizada y seguridad desde el diseño para redes, plataformas de vídeo, juegos en línea, asistentes de inteligencia artificial y tiendas de aplicaciones. El Gobierno tiene abierta una consulta pública hasta el 4 de noviembre. Un Gobierno en funciones no puede remitir proyectos de ley a las Cortes, y la iniciativa depende del nuevo Gobierno.Debate y actores. Hay apoyo amplio al objetivo y diferencias de diseño. PSOE y Sumar optaron por restringir las plataformas con contenido dañino en lugar de un veto general, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, prefiere regular antes que prohibir. El PP registró más de cincuenta enmiendas: veto a menores de 16 años, con excepción para los de 14 y 15 con consentimiento "expreso y verificable" de los padres, y un horario de descanso digital de 22.00 a 8.00. Vox pidió devolver el proyecto, enmienda rechazada el 10 de septiembre de 2025. El reglamento europeo en negociación puede llevar a esperar a su aprobación.
Forecasted on
Forecast probabilities
- Sí, se aprobará un proyecto de ley orgánica que fije la edad mínima en 16 años.: 25%
- No, no se aprobará dicho proyecto de ley orgánica.: 75%
Reasoning
Hay un 25 % de probabilidad de que un Gobierno PP+Vox apruebe un proyecto de ley orgánica que fije en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales, frente a un 75 % de que no lo haga. La posición previa del PP y el trabajo legislativo ya realizado hacen plausible que la cuestión vuelva a la agenda, pero no equivalen a un compromiso de coalición; además, la propuesta europea y la resistencia anterior de Vox favorecen la espera o un diseño distinto.
Sí: una base legislativa y una preferencia previa del PP
El PP ya había defendido restringir el acceso a menores de 16 años, con una excepción para jóvenes de 14 y 15 años si cuentan con consentimiento parental verificable. Eso ofrece al partido un punto de partida concreto, y el proyecto de protección de menores aprobado por un Consejo de Ministros anterior podría servir de referencia si el nuevo Ejecutivo decide actuar [u8, u13]. La medida también puede tener atractivo político: Feijóo ha planteado endurecer las sanciones por promover actos violentos a través de redes sociales, aunque no ha comprometido al PP con una edad mínima [e58].
La protección digital de los menores cuenta con apoyo público y forma parte de un debate que ya había llegado al Congreso. La Cámara reanudó la tramitación del proyecto antes de que la disolución de las Cortes la interrumpiera; por tanto, un nuevo Gobierno no tendría que empezar desde cero [e9, e7]. Y como la pregunta se refiere a la aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros —no a su aprobación parlamentaria—, el umbral para contar un “Sí” es menor que el de una ley finalmente aprobada.
Pero la señal del PP tiene límites: sus enmiendas contemplaban excepciones a partir de los 14 años, mientras que la pregunta exige que el proyecto fije los 16 como edad mínima. Tampoco consta un compromiso conjunto de PP y Vox para impulsar esa norma en la próxima legislatura [u1, u8].
No: la coalición no tiene un compromiso claro y la UE ofrece otra vía
Vox pidió devolver el proyecto anterior, y sus prioridades públicas para negociar un Gobierno —entre ellas la desregulación— no incluyen una edad mínima para redes sociales [u8, e56]. No es una prueba de que se opusiera a cualquier protección de menores, pero sí una razón para no dar por hecho que respaldaría una iniciativa con este diseño.
El principal incentivo para esperar es la propuesta de EU Kids Act. Establece una edad de 15 años para abrir cuentas independientes, no 16, y todavía debe negociarse en el Parlamento Europeo y el Consejo [e3, e6, e13, e55]. Además, la Comisión anunció un aplazamiento de doce meses para leyes nacionales que se solapen con las reglas europeas propuestas y bloqueó una iniciativa austriaca. Eso no impide necesariamente que España legisle durante toda la legislatura, pero hace más costoso adelantarse con una norma nacional divergente [e2].
El proyecto español anterior, además, decayó con la disolución de las Cortes. La iniciativa depende del nuevo Gobierno, no de la continuación automática de una tramitación que habían impulsado PSOE y Sumar [e7, u8]. El PP podría promover un proyecto propio, pero no hay evidencia de que vaya a hacerlo, ni de que Vox lo considere una prioridad.
Balance: posible, pero no es el resultado más probable
El “Sí” merece un 25 % porque el PP ya defendió un límite de 16 años y existe una base legislativa reutilizable. Sin embargo, esa preferencia no está respaldada por un compromiso conjunto de la coalición; la postura previa de Vox es reticente, las excepciones propuestas por el PP complican la interpretación del umbral y la norma europea apunta a los 15 años. En conjunto, es más probable que el Gobierno espere a la negociación europea, opte por otro diseño o no presente un proyecto orgánico con la edad exacta que exige la pregunta.
Cited evidence
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